Una asociación civil, feminista sin fines de lucro, líder en la defensa y promoción de los derechos humanos, con capacidad para la prevención, atención y defensa, en casos de violencia en razón de género, con conocimientos para contribuir a la restitución de derechos, en el marco de la debida diligencia; con incidencia en políticas públicas que responden a las necesidades, intereses y demandas de las niñas, adolescentes y mujeres con énfasis en la erradicación de la violencia machista, en la movilización por la igualdad de género, el respeto a las diversidades sexuales y genéricas, la interculturalidad y la justicia, apostando a la despatriarcalización en el marco del Estado Plurinacional y la consolidación de una democracia paritaria e intercultural.
Enfrentados a una pandemia sin precedentes, los gobiernos de las Américas han empezado a responder a la COVID-19 de diversas maneras, que van desde declarar estados de emergencia hasta imponer prohibiciones de viaje o aplicar cuarentenas. Hay mucho en juego, y la manera en que los gobiernos respondan a esta pandemia podría determinar el futuro de millones de personas. Los gobiernos son en última instancia responsables de proteger a la población y sus derechos humanos pero, en las Américas, en muchos casos no lo han hecho. La profunda desigualdad, la discriminación estructural, la tendencia a recurrir a la represión policial, la censura, sistemas de salud pública insuficientemente dotados de recursos, y salvaguardias inadecuadas respecto a seguridad social y empleo, son muy anteriores al brote de COVID-19 en la región.
El ITEI es un instituto multidisciplinario destinado a atender personas afectadas, directa e indirectamente, por la tortura y la violencia de Estado, a través de procesos que faciliten su rehabilitación. Ofrece atención psicológica, psicoterapéutica, médica y legal a las personas afectadas por tortura, su entorno familiar y comunitario.
Reporte sobre la implementación de la justicia transicional en algunos países Europeos como Alemania, Italia y España; así como reflexiones sobre la justicia transicional desde las experiencias latinoamericanas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Uruguay (555 páginas, .pdf.).
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el apoyo de la Iniciativa Naciones en Pro de la Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en cooperación con el Gobierno de Bolivia, convocó un grupo de trabajo enfocado a sentar las bases para la introducción de programas y servicios de salud mental en comunidades indígenas de acuerdo con la Resolución V de la 37th Reunión del Consejo Ejecutivo, aprobada en septiembre de 1993.