La violencia contra las mujeres se ha aceptado como una característica inevitable, aunque desafortunada, de todo conflicto. En la actualidad, esto está cambiando. Mientras dicha violencia continúa siendo infligida a gran escala, ahora se la reconoce como una amenaza al desarrollo, a la paz y a la seguridad, una violación de los derechos humanos y, según el derecho internacional, un crimen. El reto al que se enfrenta la comunidad internacional radica en conseguir que todas las partes conviertan la prevención, el tratamiento y el enjuiciamiento de la violencia sexual en una prioridad.