El Centro Nacional de Memoria Histórica es un organismo gubernamental colombiano adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con sede principal en Bogotá. Es el encargado de preservar la memoria del Conflicto armado interno en Colombia.
ABC Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Relación entre la Unidad y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Las medidas de reparación no materiales son concebidas por la Corte IDDHH como aquellas que propenden por resarcir a las víctimas en su condición moral y espiritual, sin que para ello medie el reconocimiento particular de dinero. La Corte además de imponerle a los Estados hallados como responsables el pago de indemnizaciones económicas, ha ordenado la implementación de las medidas no pecuniarias, luego de analizar el impacto de las violaciones, la situación particular de las víctimas, la forma como éstas podrían superar en su dimensión moral las lesiones y la manera de evitar su repetición.
Estrategia de Recuperación Emocional a Nivel Grupal fue diseñada para dar respuesta a las necesidades psicosociales de las víctimas, a través de sesiones grupales en las cuales la experiencia personal y la de los demás participantes posibilitan dialogar con las diferentes formas de comprensión de los hechos victimizantes, de las historias personales y del devenir histórico, social y cultural en el que se han configurado las violaciones a los derechos humanos y al DIH, así como las resistencias y los referentes de superación.
Existen diferencias entre la reparación como derecho, entendido como la facultad genérica de exigir y en la correlativa obligación estatal de reparar la violación de un derecho; y las reparaciones como objeto de ese derecho, es decir, como mecanismo a través del cual el Estado intenta subsanar las consecuencias que produjeron las violaciones a los derechos humanos.
Es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, con status consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fue fundada en Bogotá en 1992 con el objetivo de defender, promover y contribuir a la plena vigencia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia.
Es una organización no gubernamental con seccionales a nivel local y regional, dedicada a la defensa, promoción y protección de los DDHH y respeto de la población civil en medio del conflicto colombiano. Fortalecemos las organizaciones locales, promovemos y articulamos el movimiento social nacional en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. De igual manera, participamos de las iniciativas de Paz por una solución política negociada al conflicto.
Es un grupo profesional permanente que documenta la situación de derechos humanos y realiza otras actividades basadas en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario para contribuir a solucionar la grave crisis de derechos humanos existente en el país y, simultáneamente, a desarrollar el derecho de los derechos humanos y el derecho humanitario a nivel global.
Es un espacio de protección conformado por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos Asociación MINGA, Benposta Nación de Muchachos y la Comisión Colombiana de Juristas – CCJ, que busca desarrollar una propuesta integral para prevenir agresiones y proteger la vida de las personas que corren riesgos por su labor como defensores de derechos humanos, cuando resguardan los intereses de grupos sociales y comunidades afectadas por la violencia en Colombia.
CCAJAR – es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, defensora de Derechos Humanos en Colombia. En el año de 1980 adquiere su personería jurídica convirtiéndose en una de las primeras organizaciones defensoras de Derechos Humanos en Colombia compuesta por abogados y abogadas.
Fundada en 2004, Colombia Diversa es la organización de defensa de derechos humanos de las personas LGBT líder en Colombia. Su trabajo se centra en tres áreas principales: Promover y defender los derechos humanos y legales de las personas LGBT en Colombia. Trabajar para transformar positivamente las percepciones acerca de las personas LGBT en Colombia. La promoción de la organización y el impacto político de la comunidad LGBT en Colombia.
Protegiendo la diversidad: cartilla para la protección de personas con orientación sexual e identidad de género diversas es un documento orientador, que recoge la experiencia del trabajo en materia de promoción y defensa de los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado, desarrollado en distintas zonas del país por la Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR. La cartilla presenta los principales riesgos asociados a la orientación sexual y a la identidad de género, que se exacerban en el marco del conflicto armado, y hace visibles los resultados de acciones afirmativas para el fortalecimiento organizativo y de liderazgos comunitarios, como instrumentos necesarios para potenciar la interlocución entre las instituciones públicas y la sociedad civil.
ste informe se terminó de escribir el día 29 de agosto de 2019, justo para ser entregado en menos de un mes, el mismo día que se hizo público un vídeo donde varios exintegrantes de la extinta guerrilla de las FARC-EP anunciaron que volvían a las armas. Como equipo, en medio de una lluvia de reflexiones que nos inundaron como organización a partir de este comunicado, pensamos en nuestro papel en esta etapa de la historia del país. Nosotras resistimos es un texto construido para la paz, reconciliación y convivencia, un texto para decir que las personas LGBT hemos construido paz en Colombia desde antes de la firma del Acuerdo de Paz, lo seguimos haciendo en su implementación y lo seguiremos haciendo hoy más que nunca, afirmación que estará vigente cualquier día en que alguna lectora o lector avance por las páginas de este texto. Resistimos a vivir en guerra, a que nos impongan cómo vivir y a que destruyan nuestros cuerpos. Nosotras resistimos.
En Ginebra, Suiza, será presentado, este 7 de marzo, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), aquel que fue presentado el pasado viernes 3 de marzo. En reporte deja ver lo ocurrido, desde el primer hasta el último día del año 2022. Así como se evidencia la ocurrencia de 92 masacres en el país durante ese periodo de tiempo, se deja constancia de lo que ocurrió con la comunidad LGBTIQ+ para esa misma época.
El conflicto armado interno vivido en Colombia ha sido una de las situaciones más lamentables y extensas en la historia del país. Se han vulnerado los derechos fundamentales de la población civil, constituyéndose delitos graves de lesa humanidad. Como menciona Barchelot (2021) “En Colombia, el conflicto armado interno es un problema de salud pública que genera diversas formas de violencia (desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, masacres, tortura y violencia sexual). La violencia es un estresor psicosocial importante que afecta la salud mental de la población colombiana.”
Entidad de Estado Colombiano que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuya a sentar las bases para la no repetición, mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera.
En Colombia habrá una comisión de la verdad de manera oficial, con el fin de esclarecer qué pasó y qué no debe volver a suceder sobre lo ocurrido en el conflicto armado que ha azotado al país por más de 52 años. Siete ejemplos de justicia transicional en otros países del mundo.
La niñez y la juventud colombiana demandan protección inmediata de todo el Estado y de la sociedad, por lo tanto el presente informe representa una herramienta para garantizar condiciones mínimas para salvaguardar a esta población en el marco de un proceso de búsqueda de la paz y la reconciliación, que ponemos a disposición de las partes de la mesa de conversaciones, y de la sociedad en general en uso de la magistratura moral que me otorga la Ley y la Constitución Nacional.
En los últimos 20 años han continuado sin disminución alguna el uso y el abuso sistemáticos de los niños en los conflictos en curso en todo el mundo, según ha declarado hoy el arzobispo Desmond Tutu. Las graves y persistentes violaciones contra niñas y niños incluyen asesinatos, violaciones, agresiones, la esclavitud sexual y el reclutamiento forzado.
El presente escrito es el primero de dos capítulos que se han propuesto responder a la siguiente pregunta: ¿de qué debe dar cuenta la memoria histórica del desplazamiento de la infancia? Concretamente, en este manuscrito se plantean cuatro fundamentos a partir de los cuales justificar una memoria histórica específica sobre el desplazamiento forzado interno en Colombia, la de los niños y las niñas, diferenciándola de una más general referida a todas las personas.
Los niños y los jóvenes figuran entre los sectores más vulnerables a los actos de violencia registrados durante conflictos armados o a las violaciones de derechos humanos masivas cometidas durante regímenes represivos. Cuando una sociedad acepta como norma la vulneración de los derechos fundamentales, experiencias cotidianas infantiles como la educación, la vida familiar y los juegos pueden saltar por los aires, haciendo que los niños sean tremendamente susceptibles de sufrir daños físicos, traumas psicológicos, desplazamientos, reclutamiento por parte de grupos armados u otras formas de explotación.
El informe da cuenta de una experiencia. Como investigación en el campo de derechos humanos que pone el énfasis en la experiencia de las víctimas, esta es una sistematización que describe un proceso realizado por más de mil mujeres y coordinado por la Ruta Pacífica de las Mujeres. En el contexto de las Comisiones de la Verdad que se han hecho en el mundo, el informe muestra una experiencia hecha desde la base, protagonizada por las mujeres víctimas y que pone sus voces en el centro del proceso de construcción de una verdad colectiva narrada por ellas y que forma parte de la historia reciente de Colombia. El valor de esta memoria no es la constatación del horror, sino que la palabra que lo cobija encuentre un sentido y sea compartida con la sociedad a la que se dirige.
Debe tenerse presente que la Mesa de Conversaciones instaló el 7 de septiembre de 2014 la Subcomisión de Género, conformada por mujeres y hombres de las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, quienes con el apoyo de diez (10) expertas colombianas en violencia sexual y diez (10) ex guerrilleras de Sudáfrica, Irlanda del Norte, Guatemala, El Salvador, Indonesia, Uruguay y Colombia, del acompañamiento permanente de tres expertas de Colombia, Cuba y Noruega, así como de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se ocuparon de revisar los acuerdos e incorporar en ellos un “enfoque de género”.
Este libro, publicado originalmente por el ICTJ en 2006, fue reimpreso por el Programa Colombia en 2013. El texto ofrece un análisis acerca de cómo los procesos de justicia transicional pueden entrelazarse con los esfuerzos de las mujeres que han sido víctimas y que ahora buscan justicia y reconocimiento. Este manual ha sido diseñado para ayudar a establecer instituciones y procesos que sean receptivos a la dinámica de género en la violación de derechos humanos y sean conscientes de cómo se pueden enfrentar dichas violaciones.
Análisis de las dinámicas del desarrollo del conflicto y la inserción del enfoque de género como articulador de los derechos individuales y justicia social en la construcción de paz. Dicha inclusión se hace a partir de la identificación de los roles individuales dentro del conflicto de hombres y mujeres, donde si bien el rol de los hombres se extiende de manera generalizada sobre la actuación violenta en combates y enfrentamientos, las mujeres cumplen una función doble dentro del conflicto.
Se dice que una persona está desaparecida, “cuando con base en información fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la hayan dado por desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo cual puede estar relacionado con un conflicto armado internacional o no internacional, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una catástrofe natural o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente”.
Este no es un texto de carácter jurídico, ni está escrito para abogados. Es una herramienta de consulta dirigida principalmente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y a todas las personas interesadas en los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, esperando que les sea de utilidad.
Publicación que esta destinada a las organizaciones de víctimas de crímenes de Estado y tiene el propósito de brindar herramientas para preparar su participación ante los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
En este artículo se presenta un dilema típico que surge al aplicar el modelo de justicia transicional como marco normativo que orienta el actual proceso de negociación con los grupos paramilitares en Colombia, que ejemplifica el tipo de requerimientos institucionales que contextualizan y delimitan la validez y viabilidad del enfoque de justicia transicional, especialmente si se pone como objetivo central la reparación integral del daño causado a las víctimas del conflicto armado interno.
Este artículo desarrolla una reflexión sobre la importancia del perdón en la construcción de paz en situaciones de conflicto armado prolongado, como la que vive Colombia, además de aportar a transformaciones subjetivas y la recuperación de dignidad en víctimas de violencia política, desde una perspectiva de noviolencia. En primer lugar se desarrolla una breve revisión de procesos investigativos y teóricos donde se han evidenciado fuertes relaciones entre narrativas de memoria, dispositivos socio-emocionales e intereses políticos para el mantenimiento de guerras y violencia.
Memoria Histórica (MH) es un área de investigación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) de Colombia que tiene como misión elaborar una narrativa integradora e incluyente sobre las razones para el surgimiento y la evolución del conflicto armado interno, sobre los actores e intereses en pugna, así como sobre las memorias que se han gestado en medio del mismo, con opción preferencial por las memorias de las víctimas y por las que han sido hasta ahora suprimidas, subordinadas o silenciadas.
Desde hace algunos años se viene escuchando que Colombia transita del conflicto al postconflicto, pese a que el conflicto armado continúa. Se han creado leyes, marcos jurídicos transicionales e instituciones que ayudan a reafirmar la idea de transición; esta es quizá una de las características que hace de Colombia una experiencia única. De acuerdo al Informe ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad, realizado por el Grupo de Memoria Histórica y publicado en el 2013, el conflicto armado en colombiano no ha sido homogéneo ni constante.
En el marco del IV Foro de Psicología y Contemporaneidad y II Foro en Psicología Social y Posconflicto, organizado en la Universidad Pontificia Bolivariana – seccional Palmira, se realizó un trabajo de indagación teórica sobre los impactos del conflicto y posconflicto, desde los ámbitos político, educativo, la salud mental y la desmovilización en Colombia.
El comisionado Carlos Beristaín, médico y psicólogo español con amplia experiencia en atención psicosocial a víctimas y asesor de varías comisiones de la verdad de diversos países, considera que la construcción de un relato incluyente y respetuoso de los derechos humanos es uno de los mayores retos de la Comisión de la Verdad colombiana.
La Nueva Cara de la Violencia en Colombia. El informe se basa en casi dos años de investigaciones de campo en Colombia. Human Rights Watch visitó y entrevistó a decenas de víctimas, paramilitares desmovilizados, autoridades de aplicación de la ley y organismos del estado locales y nacionales, miembros de las fuerzas de seguridad pública y organizaciones no gubernamentales.
La justicia transicional emana de la rendición de cuentas y de la reparación para las víctimas. Reconoce su dignidad como ciudadanos y como seres humanos.
El trauma histórico (TH) es un trauma colectivo infligido a un grupo de personas que comparte una identidad o afiliación, que se caracteriza por el legado transgeneracional de los eventos traumáticos experimentados, y se expresa a través de diversas respuestas psicológicas y sociales. Este constructo se propuso en contraposición al trastorno de estrés postraumático (TEPT), debido a las limitaciones identificadas para abordar desde esta categoría diagnóstica traumas colectivos en situaciones de violencia política y social. El objetivo del presente artículo es revisar la literatura sobre TH publicada hasta el momento.
Las comunidades que enfrentan experiencias de violencia extrema sufren daños en su estructura social, que afectan relaciones interpersonales, sentimientos de integración social e identidades personales. Propusimos el concepto de instalación del trauma como construcción sociopolítica y eje de asignación de sentido, que permite a las comunidades explicar lo desconcertante.
Las pesadillas son síntomas usuales y característicos del trastorno por estrés postraumático (TEPT). Su presencia se relaciona directamente con la gravedad del trastorno, suelen tener un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes y, como frecuentemente se convierten en un síntoma residual y refractario, requieren especial atención y tratamiento específico.
En junio de 1999 un conjunto de organizaciones colombianas se juntó para revisar la situación de niños, niñas y jóvenes en el conflicto armado, al lado de tres organismos no gubernamentales internacionales con ocasión de informar a Olara Otunnu, representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados, sobre la urgencia, pertinencia y relevancia del tema. Así, se dio lugar a la creación de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, en un contexto en el que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, creaba su Programa de atención a niñez víctima de la violencia.