Próximos a cumplir 10 años de la promulgación del Informe de la Comisión de la Verdad, la situación de las víctimas para alcanzar la verdad, justicia y reparación integral sigue siendo una deuda por parte del Estado. Si bien, la Asamblea Nacional en el año 2013 emitió la Ley para la Reparación de las Victimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad” (Ley para la reparación de víctimas) su implementación ha sido escasa tanto en el ámbito judicial como en el administrativo provocando que las víctimas y/o los familiares se sienta incrédulos del cumplimiento de las recomendaciones presentadas en 2010.
Con frecuencia, las demandas de los casos ante el sistema interamericano constituyen para las víctimas la última esperanza de que sus experiencias sean escuchadas, de que los hechos sean investigados y de que sus demandas sean tenidas en cuenta, incluyendo la determinación de la responsabilidad del Estado en las violaciones sufridas.
Enfrentados a una pandemia sin precedentes, los gobiernos de las Américas han empezado a responder a la COVID-19 de diversas maneras, que van desde declarar estados de emergencia hasta imponer prohibiciones de viaje o aplicar cuarentenas. Hay mucho en juego, y la manera en que los gobiernos respondan a esta pandemia podría determinar el futuro de millones de personas. Los gobiernos son en última instancia responsables de proteger a la población y sus derechos humanos pero, en las Américas, en muchos casos no lo han hecho. La profunda desigualdad, la discriminación estructural, la tendencia a recurrir a la represión policial, la censura, sistemas de salud pública insuficientemente dotados de recursos, y salvaguardias inadecuadas respecto a seguridad social y empleo, son muy anteriores al brote de COVID-19 en la región.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos es un organismo ecuatoriano no gubernamental interdisciplinario y de carácter regional. Trabaja por la construcción de una verdadera cultura democrática, fundamentada en el respeto a los Derechos Humanos a través de programas de asistencia legal en Derechos Humanos (INREDH) y de salud integral y Derechos Humanos (CEAIV).
El Instituto de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) es un Organismo No Gubernamental que da atención en salud mental, y en ciertas ocasiones también médica, a aquellas personas que fueron afectadas directamente por las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar en Chile, 1973-1990.