En el contexto actual que vive el Perú, Amnistía Internacional recuerda a sus autoridades que tienen la obligación internacional de imponer sanciones severas a las personas que, ya sea actuando como agentes del Estado peruano o como miembros de grupos de oposición armada, sean halladas culpables por la comisión de crímenes de derecho internacional o graves violaciones de derechos humanos, según corresponda.
APRODEH es una organización no gubernamental peruana comprometida con la defensa y promoción integrales de los derechos humanos, cuya misión es contribuir al desarrollo de procesos sociales, jurídicos y políticos que resguarden y promuevan la vigencia de todos los derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas, en el marco de esfuerzos mayores por construir un país equitativo y democrático.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos encuentra en esta publicación una importancia y vigencia plenas e indiscutibles, pues reconoce que uno de los colectivos humanos más golpeados e invisibilizados por la Informe Anual sobre Derechos Humanos de personas Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales en el Perú 2008 6 perversa sombra de los prejuicios y los estereotipos hegemónicos en nuestra sociedad es el colectivo LGTB, cuya lucha por hacer realidad cotidiana los derechos que les corresponden al igual que a cualquier ser humano no puede ser más justa. Porque si las normas no hacen distinción al momento de cobrarles impuestos, someterlas a responsabilidad judicial o imponerles cargas y deberes como a todo ciudadano, por ende el tratamiento ha de ser igual también para el cumplimiento de sus derechos. Ni más, pero tampoco menos.
Ante esta realidad, para realizar una investigación que tenga validez científica y ética debemos tratar de responder las siguientes preguntas: ¿es ético investigar en una comunidad nativa problemas que no son prevalentes o no son beneficiosos para ellos? ¿qué riesgos puede haber al investigar en una comunidad indígena? ¿cómo debe formularse el proceso de consentimiento informado? ¿a quién se le pide el consentimiento? ¿qué beneficios durante y después de la investigación deberían tener estas comunidades nativas? ¿es ético aprovechar las muestras biológicas de una investigación en una comunidad nativa para poder investigar otros problemas que no estaban estipulados en el consentimiento informado del estudio original? ¿debería crearse una guía normativa de investigación ética en estas comunidades?
En este estudio se define el concepto adleriano de sentimiento de comunidad y sus implicancias éticas intentando equipararlo con el de salud mental. Se revisan los inicios de la psicología individual y las principales diferencias con el psicoanálisis ortodoxo para conducir a la visión humanista y social que Adler tiene de la persona y su problemática psicológica, así como a la afirmación de que el sentido de la comunidad constituye un marco ético para una adecuada valoración de la actividad humana.
Este texto analiza la política del testimonio en las comisiones de la verdad guatemalteca, peruana y su reflejo en las narrativas de los respectivos informes finales. En estas narrativas las representaciones ideológicas del “indio subversivo” afectan directamente al estatus, como tales, de las principales víctimas afectados por el conflicto (las poblaciones campesino‑indígenas) y al lugar que la desigualdad étnico‑racial y en particular el racismo, adquieren en la interpretación que las comisiones ofrecen de los conflictos armados.
Para elaborar el presente registro se ha tenido en cuenta el total de 399 víctimas directas de tortura atendidas en los servicios del CAPS (Centro de Atención Psicosocial) entre 2004 y 2011. De este total se ha utilizado una muestra representativa de 75 casos. La validez del registro se basa en los testimonios de las víctimas y las de sus familiares, que han seguido tratamiento en nuestra institución.
Manual con orientaciones técnicas para el adecuado procesamiento de casos de violencia de género en población con discapacidad en el marco del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.
Los desastres son eventos a gran escala, muchas veces inesperados. Usualmente se suele prestar más atención a las consecuencias materiales y físicas de los desastres, sin embargo, las intervenciones en situaciones de desastres están incompletas si no se abordan aspectos de salud mental. El propósito del presente artículo es el de realizar una revisión de las consecuencias psicosociales asociadas a un desastre, entre ellas, problemas de salud mental tales como el trastorno de estrés post traumático, trastornos depresivos, consumo de sustancias psicoactivas, etc., y las consecuencias psicosociales en la estructura familiar, resaltando los posibles factores de riesgo asociados a su presentación. Las estrategias de intervención son variadas, dependiendo del tiempo, la persona y el nivel de acción. Es necesario que como país tengamos diversas estrategias y modelos de intervención para intentar atenuar el impacto psicosocial del desastre; sin embargo, siguen existiendo barredas en el manejo de la salud mental, por lo que se hace necesario plantear posibles direcciones futuras a fin de lograr un menor impacto en la sociedad y una recuperación más temprana.
Hay decenas de millones de personas en el mundo que viven en circunstancias extremadamente difíciles y en consecuencia, sufren emocionalmente. Como resultado, se hace necesario disponer de una variedad de recursos en salud mental, incluyendo intervenciones psicológicas. Sin embargo, estas intervenciones raramente son accesibles para los que las necesitan. Con este manual, la Organización Mundial de la Salud (OMS) responde a los requerimientos de colegas de todo el mundo que solicitan orientación sobre intervenciones psicológicas para personas expuestas a situaciones adversas. Este manual describe una intervención psicológica de baja intensidad denominada Enfrentando Problemas Plus (EP+) para adultos con problemas de angustia en comunidades expuestas a la adversidad. Se han modificado aspectos de la TCC para hacerlos factibles en comunidades que no tienen muchos especialistas. A fin de asegurar su máxima utilización,
la intervención se desarrolla de un modo tal que puede ayudar a personas con depresión, ansiedad y estrés, ya sea que la exposición a la adversidad haya causado o no estos problemas. Puede aplicarse para mejorar aspectos de salud mental y bienestar psicológico no importa cuán severos sean los problemas de la gente.
Es intención de este libro el dialogar con la amplia y creciente comunidad de profesionales, funcionarios públicos, activistas y académicos que se dedican en nuestra región a promover las tareas de confrontación del pasado autoritario o violento de sus respectivos países. América Latina se ha convertido, en efecto, en las últimas décadas en uno de los territorios más dinámicos en la búsqueda de caminos para la justicia transicional.
https://www.ictj.org/es/publication/justica-transicional-manual-para-america-latina
Mujeres y hombres vestidos a rayas, con un número en el pecho; jóvenes, viejos, de todas las edades; algunos pegando de gritos, vociferando a favor de la guerra popular, otros llorando, o gritando soy inocente, o en completo silencio y estado de decaimiento, agarrados por fornidos miembros de la Policía solapados tras inconfundibles lentes oscuros: escena y personajes cotidianos de la televisión, diarios y revistas, tan frecuentes como las propagandas de Coca Cola o de detergentes.
El Movimiento Manuela Ramos, es una asociación civil peruana sin fines de lucro que desde hace 26 años viene trabajando para mejorar la situación y posición de las mujeres. Nace en 1978 como un espacio dirigido a las mujeres con escasas posibilidades de acceder a información sobre sus derechos y como apoyo para enfrentar su situación de indefensión. Realiza trabajos de asesoría, advocacy, capacitación, investigación, difusión y defensa de los derechos legales, económicos, sociales políticos y reproductivos de las mujeres de las diversas culturas que habitan en el Perú.
La violencia contra las mujeres se ha aceptado como una característica inevitable, aunque desafortunada, de todo conflicto. En la actualidad, esto está cambiando. Mientras dicha violencia continúa siendo infligida a gran escala, ahora se la reconoce como una amenaza al desarrollo, a la paz y a la seguridad, una violación de los derechos humanos y, según el derecho internacional, un crimen. El reto al que se enfrenta la comunidad internacional radica en conseguir que todas las partes conviertan la prevención, el tratamiento y el enjuiciamiento de la violencia sexual en una prioridad.
Este artículo reflexiona en torno al tratamiento legal de la violencia sexual en contextos de conflicto armado. ¿Cuáles son las afectaciones físicas y emocionales del uso masivo de la violación como una herramienta de guerra? ¿De qué modo se cosifica a la mujer y cómo se proyectan las implicaciones de ello sobre el grupo social de referencia?
Este artículo reflexiona en torno al tratamiento legal de la violencia sexual en contextos de conflicto armado. ¿Cuáles son las afectaciones físicas y emocionales del uso masivo de la violación como una herramien-ta de guerra? ¿De qué modo se cosifica a la mujer y cómo se proyectan las implicaciones de ello sobre el grupo social de referencia? A fin de responder a estas preguntas, en primer lugar, se realiza una revisión de los están-dares internacionales de protección jurídica frente a la violencia sexual.
El propósito general de esta investigación fue contribuir, mediante la producción de conocimiento, a fortalecer el proceso de conmemoración de la violencia que tuvo lugar durante el conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y el año 2000, proceso que se ha venido diseminando en distintos lugares del país en los últimos años y cuya vitalidad se expresa en una diversidad de iniciativas en numerosas localidades del país que se intentaron recopilar en este trabajo.
Este documento es un Material de Orientación Legal dirigido a las personas integrantes de comunidades nativas que se encuentran involucradas en algún conflicto o que requieran información para plantear alguna queja, demanda o denuncia en el futuro. Fue diseñado para que lo lean todos los comuneros nativos, inclusive los niños, niñas y adolescentes si fuese posible, a fin que tengan una guía sobre sus derechos, deberes y responsabilidades; y asimismo sobre la forma en que pueden acceder al sistema de justicia del Estado, cuando lo necesiten. Además puede ser utilizado como material de apoyo cuando se realicen capacitaciones sobre derechos de los pueblos indígenas del Perú.
Las personas con discapacidad por enfermedad mental constituyen un grupo especialmente vulnerable. Los prejuicios sociales y la desinformación respecto a estas enfermedades han llevado a considerarlas como incurables, originando un régimen de segregación en instituciones psiquiátricas.
Reporte sobre la implementación de la justicia transicional en algunos países Europeos como Alemania, Italia y España; así como reflexiones sobre la justicia transicional desde las experiencias latinoamericanas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Uruguay (555 páginas, .pdf.).
El presente informe es el cuarto en una serie de reportes de seguimiento de la implementación del Programa de Reparaciones Colectivas ejecutado en Perú entre 2007 y 2011. Se trata de un trabajo en conjunto del ICTJ y la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH), de Perú. El informe busca conocer los efectos de esta política de reparación, a través de consultar la opinión de sus beneficiarios y traer las voces de las comunidades de los Andes y la Amazonia para responder a la pregunta de en qué grado esta política ha logrado ser reparadora .
Los procesos de justicia transicional buscan, en general, lograr cambios estructurales en aspectos relacionados con la justicia, la verdad, la reparación y la memoria, para dejar atrás los diseños institucionales, las normas y las prácticas tanto políticas como judiciales que contribuyeron a generar el conflicto armado o el gobierno autoritario o ambos y transitar hacia la democracia. En América Latina, las instituciones y las categorías conceptuales de la justicia transicional han llegado a formar parte del debate público no sólo en países que han puesto fin a un conflicto armado como El Salvador, Guatemala y Perú o a una dictadura como Chile, Argentina, Perú y Uruguay sino también en aquellos como Colombia donde la confrontación armada continúa y la existencia misma de una verdadera transición 1 es puesta en cuestión por varios sectores sociales y organizaciones de derechos humanos.
El CAPS viene atendiendo a los hijas e hijas de las personas detenidas entre los años 1980 y 2000; algunos de ellos llegaron cuando eran niños, regresaron en la adolescencia e incluso solicitaron ser atendidos cuando entraron a la etapa adulta. Este manual es un intento por sistematizar las dificultades encontradas en nuestra experiencia de trabajo con estos niños y niñas y brindar algunas recomendaciones a los padres, uidadores,familias sustitutas y profesionales de la salud del INPE .
Este trabajo presenta el estado del arte de las relaciones que suelen establecerse entre los derechos humanos y la salud pública, evidenciadas en los estudios e investigaciones que se publicaron en el Perú entre los años 1997 y 2002. El análisis se realizó a partir del nivel de compatibilidad y el nivel de peculiaridad de ambos discursos, tal como se ha determinado en el abordaje de los derechos humanos y el desarrollo realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El aporte de este trabajo consiste en establecer los vínculos existentes entre la salud pública y los derechos humanos y construir rutas para el diálogo entre estos dos espacios disciplinarios dejando constancia de los actuales niveles de desencuentro y promoviendo una relación estrecha, por un lado, entre el mundo académico, los decisores de políticas y los movimientos sociales de salud, y por el otro con los derechos humanos.
La protección de los derechos de las mujeres en el Perú está garantizada formalmente a través de los diversos pactos y convenciones firmados y ratificados por el Estado peruano en los últimos años. El Perú asumió compromisos a nivel internacional con la firma, entre otros, de la Convención por la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará).
La trata de personas florece. El negocio mundial con la “mercancía ser humano” alcanza hoy dimensiones similares al tráfico de drogas y armas. La mayor parte de las víctimas son mujeres, niños y niñas; a quienes se explota en la industria del sexo o como mano de obra barata, también en matrimonios forzados, adopciones ilegales e incluso para la extracción de órganos. Los derechos humanos no cuentan en ese negocio.
El feminicidio es un crimen que afecta únicamente la vida de las mujeres de todo el mundo; nuevo término que esta buscando un lugar en el discurso criminalistico y busca a su vez visualizar una situación de violencia sistemática y silenciada por muchos siglos por la indiferencia y tolerancia social. El feminicidio, es una categoría que debe abordarse como una modalidad de violencia directa hacia las mujeres, como una alternativa a la neutralidad del termino homicidio visibilizando un trasfondo no reconocido: la misoginia en la muerte diaria de mujeres. Es un problema social, político, cultural y es un problema de Estado.
Derechos Humanos & Salud Mental en el Perú presenta los resultados de una misión conjunta de investigación realizada por Mental Disability Rights International (MDRI) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) entre Octubre del 2002 y Febrero del 2003, sobre los derechos humanos de las personas con discapacidades mentales en el Perú.
El Centro de Atención Psicosocial (CAPS) fue inaugurado el 23 de Agosto del 2003 por gestiones de la Alcaldía de Bluefields y con el respaldo de la Comunidad Terapéutica de Maresme, el Ayuntamiento de Palafolls, Sant Boi y la Diputación de Barcelona, con el objetivo de abordar la problemática psicosocial del municipio de Bluefields. El CAPS desarrollo un modelo de atención biológico, psicológico y social de los problemas de salud mental de los habitantes de la RACS y se consolidó como referente regional de salud mental.
El Instituto de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) es un Organismo No Gubernamental que da atención en salud mental, y en ciertas ocasiones también médica, a aquellas personas que fueron afectadas directamente por las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar en Chile, 1973-1990.