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El proceso de implementación de la Ley de Justicia y Paz debería ser aprovechado, por una parte, para capacitar a los jueces penales encargados de aplicarla en las distintas y complejísimas cuestiones derivadas de la investigación y juzgamiento del tipo de delitos sexuales que darían lugar a la aplicación de los beneficios que establece esa ley, y de otro lado, para iniciar un proceso de reconstrucción de la memoria colectiva que ponga en evidencia la forma en que la violencia sexual contra mujeres, jóvenes y niñas ha sido utilizada por los actores armados como instrumento de terror y de guerra. Sólo medidas de esta clase, serán capaces de reparar y restablecer la dignidad de las mujeres, niñas y jóvenes que han sido víctimas de una de las modalidades más perversas y atroces de delitos de naturaleza internacional.
Updated abril 5, 2015.
